martes 11 de marzo de 2008

Denuncia - 70 familias fueron torturadas por cívicos de santa cruz y la denominada unión juvenil cruceñista



Campesinos que recientemente se asentaron en predios dotados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria en la región de San Ignacio de Velasco fueron golpeados y torturados por integrantes de la denominada Unión Juvenil Cruceñista, denunciaron las víctimas.

"Nuestras familias fueron torturadas y brutalmente golpeadas, por drogadictos de la Unión Juvenil Cruceñista, y las supuestas autoridades del Comité Cívico de San Ignacio Velasco", declaró una de las víctimas, quien aseguró que los vejámenes ocurrieron entre el 2 y 3 de marzo.

Según la denuncia, los miembros de unas 70 familias fueron torturados, entre ellos niños y mujeres, a los que les pusieron inclusive armas en la boca.

"Nos decían collas de mierda, y a las mujeres llamas", contó Silvestre Seisoré, uno de los campesinos asentados que fue vejado por los unionistas que asumen la representación de todos los habitantes de este departamento.

En relación al tema, las autoridades del Viceministerio de Tierras y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) aseguraron que esos asentamientos son totalmente legales.

"Hubo una titulación de estos asentamientos por parte del Estado en extensiones que fueron identificadas como tierras fiscales, que no tenían ningún propietario", explicó una fuente del INRA-Santa Cruz.

Los campesinos identificaron a los agresores como miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y del Comité Cívico, ya que llegaron a esa región en vehículos oficiales de la Prefectura de Santa Cruz y de la Subprefectura de San Ignacio con banderas que reivindicaban la autonomía departamental.

Los campesinos denunciaron que después de golpearlos les robaron sus radios y documentos y al mismo tiempo les torturaron con un revólver en la boca.

"Si esa es la autonomía que nos quieren imponer, no la queremos", denunció Seisoré.

En esta región, varios campesinos anteriormente denunciaron agresiones similares, pero fueron ignorados por las autoridades departamentales.

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